ara añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 5 de la Ley 80-2020, conocida como “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”, añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 3 de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de permitir la elegibilidad al programa a todo empleado o empleada que haya alcanzado veinticinco (25) años de servicio y que padezca de alguna enfermedad crónica que impida desempeñarse en su lugar de empleo e incluirlos como beneficiarios del Plan de Salud; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2; añadir el Artículo 2A; enmendar el Artículo 3; añadir un Artículo 3A; enmendar el Artículo 4; añadir los Artículos 4A, 4B, 4C, 4D y 4E; enmendar el Artículo 5; añadir los Artículos 5A, 5B y 5C; enmendar los Artículos 6, 7, 8 y 9; y añadir los Artículos 9A, 9B y 11A a la Ley 141-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”; y derogar la Ley 122-2019, conocida como “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico”, a fin de incorporar definiciones a la referida Ley 141-2019; reducir las excepciones para la denegación de información pública ante los reclamos de confidencialidad que puedan levantar las entidades gubernamentales; establecer que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico será la entidad responsable de implantar la política pública de acceso de información pública; crear el cargo y los deberes del Principal Oficial de Información Pública y Estadísticas del Gobierno de Puerto Rico; fijar nuevas funciones a los Oficiales de Información, y que uno de estos sea el jefe de la unidad de estadísticas de la entidad gubernamental; acortar los términos para que los Oficiales de Información entreguen la información pública solicitada por los ciudadanos; enmendar y crear nuevos recursos de revisión; imponer sanciones administrativas; asignar fondos; y para otros propósitos.

Para declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la prohibición del discrimen contra personas por tener tatuajes, perforaciones corporales (“piercings”) o cabello teñido de colores no naturales en el empleo público y privado; establecer la prohibición específica de discrimen en el empleo contra esta población; enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley 45-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el inciso (35) del Artículo 3 y la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 1-A, 2 y 2A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada; enmendar el Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 2.042 del Libro II, Capítulo VI de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta Política Pública y ordenar a los(as) patronos del sector privado incorporar reglamentación a tal fin.

Para crear la “Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; establecer como principio de política pública que proveer seguridad a los datos gubernamentales es esencial para apoyar los procesos de innovación y el fomentar desarrollo y crecimiento económico sostenible de todos los sectores en Puerto Rico; crear el cargo del Principal Oficial de Seguridad Cibernética (Chief Information Security Officer) bajo la oficina del Puerto Rico Innovation and Technology Service (“PRITS”) y establecer sus facultades y deberes, a los fines de garantizar la ejecución de la política pública establecida en esta Ley; establecer la obligación de las Agencias de colaborar con la PRITS y con el Principal Oficial de Seguridad de Información; crear la Oficina para la Evaluación de Incidentes Cibernéticos adscrita a la PRITS; ordenar a PRITS a adoptar y promulgar en todas las agencias reglamentación de conformidad con lo establecido en esta Ley; establecer relaciones patrono-empleados sobre el uso de sus sistemas; y para otros fines relacionados.

Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de doscientos cincuenta millones de dólares ($250,000,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, a los fines de financiar los costos relacionados con brindar un incentivo a ciertos individuos para el año contributivo 2023; y para otros fines relacionados.