Para añadir un nuevo inciso (b) y renumerar los actuales incisos (b) al (k) como los nuevos incisos (c) al (l) del Artículo 3; añadir un nuevo subinciso (9) al inciso (b) del Artículo 4 de la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como “Ley contra el Acecho en Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (e) y renumerar los actuales incisos (e) al (s) como los nuevos incisos (f) al (u) del Artículo 1.3 y añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de definir el término dispositivo tecnológico y tipificar como una modalidad del delito de maltrato agravado el rastreo indebido mediante la utilización de un dispositivo tecnológico para determinar la localización de una persona, sin que medie su autorización expresa; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 7, 8, 11, 20, 23, 24 y añadir los nuevos Artículos 6.1 y 8.1 a la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”; a los fines de ampliar la política pública, añadir nuevas definiciones, establecer mecanismos para la implementación de la política pública de bienestar y envejecimiento saludable para la población adulta mayor, identificar las agencias y entidades gubernamentales responsables y enumerar sus deberes correspondientes; y para otros fines relacionados.

Para declarar el 15 de octubre de cada año como el “Día de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal” en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 1; el inciso (b) y añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 2; los Artículos 3, 5, 6, 7 y 8; derogar el Artículo 9 y enmendar los Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16; añadir un nuevo Artículo 16A; enmendar los Artículos 17 y 18 de la Ley 158-2013, según enmendada; enmendar los Artículos 1 y 3 y derogar el Artículo 2 de la Ley 112-2017; y enmendar el Artículo 5.005 de la Ley 201-2003, según enmendada; a los fines de transformar los “Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual” (CIMVAS) por una nueva entidad jurídica liderada por peritos en violencia sexual de menores, denominada como “Centros para la Protección, Investigación, Tratamiento e Intervención” (“Centros PITI”); instituir una Junta Reguladora adscrita al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para liderar su operación y funcionamiento; transferir a esta nueva estructura la autoridad para uniformar y ampliar las normas y protocolos existentes ante la sospecha por la posible comisión de un delito contra la indemnidad sexual de un menor; incluir a la población con diversidad funcional cognitiva bajo sospecha de abuso sexual entre la población bajo la jurisdicción de los “Centros PITI”; designar a un director ejecutivo para supervisar la operación de los Centros PITI y el cumplimiento estricto con esta reformulación de política pública; establecer las bases legales para fortalecer el financiamiento de estos centros de servicios y ampliar las localidades existentes; transferir a la Junta Reguladora la autoridad para coordinar los adiestramientos a los empleados docentes y no docentes del sistema de educación pública; reconocer al “Centro Salud Justicia de Puerto Rico”, adscrito a la Escuela de Medicina San Juan Bautista, como un “Centro PITI”; viabilizar el establecimiento de salas especializadas en abuso sexual de menores de edad dentro del Poder Judicial; establecer una cláusula transitoria; reconocer excepciones; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (gg.1) al Artículo 14 y enmendar los Artículos 124, 130, 131, 133, 146, 147, 148 y 160 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; y para enmendar el Artículo 8 de la Ley 175-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico”, a los fines de instituir una nueva pena en el ordenamiento jurídico local denominada como “libertad supervisada mandatoria” para los delitos contra la indemnidad sexual consumados contra una persona menor de dieciocho (18) años, con el propósito de extender la supervisión del Gobierno, en la modalidad de libertad supervisada, como estrategia para monitorear el proceso de adaptación y rehabilitación de la persona convicta por los delitos de agresión sexual, incesto, actos lascivos, trata humana con fines de explotación sexual, pornografía infantil y la seducción, persuasión, atracción y coacción de menores a través de la Internet y medios electrónicos o sus tentativas, luego de cumplir la pena original dispuesta en cárcel; transformar la forma de computar las penas aplicables por los delitos contra la indemnidad sexual; y para otros fines relacionados.