Para enmendar el Artículo 105 de la Ley 53-2021, conocida como “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que el total de $500 millones en asignación de fondos para la Universidad de Puerto Rico serán de uso irrestricto para la operación diaria de la institución; y para otros asuntos.

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a LUMA Energy LLC y a la Autoridad de Energía Eléctrica establecer una moratoria voluntaria, a opción del cliente o abonado, sobre los pagos de las facturas de agua potable y servicio energético, respectivamente, correspondientes a los seis (6) meses siguientes a la aprobación de esta Resolución Conjunta; prohibir el cobro de recargos, penalidades y/o suspensión de servicios por un cliente o abonado acogerse a la referida moratoria debido a la emergencia ocasionada por el paso del huracán Fiona; y otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; establecer como principio de política pública que proveer seguridad a los datos gubernamentales es esencial para apoyar los procesos de innovación y el fomentar desarrollo y crecimiento económico sostenible de todos los sectores en Puerto Rico; crear el cargo del Principal Oficial de Seguridad Cibernética (Chief Information Security Officer) bajo la oficina del Puerto Rico Innovation and Technology Service (“PRITS”) y establecer sus facultades y deberes, a los fines de garantizar la ejecución de la política pública establecida en esta Ley; establecer la obligación de las Agencias de colaborar con la PRITS y con el Principal Oficial de Seguridad de Información; crear la Oficina para la Evaluación de Incidentes Cibernéticos adscrita a la PRITS; ordenar a PRITS a adoptar y promulgar en todas las agencias reglamentación de conformidad con lo establecido en esta Ley; establecer relaciones patrono-empleados sobre el uso de sus sistemas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (h) del Artículo 12 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida como la “Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico” a fin de aclarar que la exclusión de las obligaciones de pago de tarifas sobre el agua cuya extracción o utilización sea para el beneficio de comunidades que dependan de acueductos rurales o comunales, será retroactiva a la fecha en que haya comenzado la extracción o utilización.

Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de doscientos cincuenta millones de dólares ($250,000,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, a los fines de financiar los costos relacionados con brindar un incentivo a ciertos individuos para el año contributivo 2023; y para otros fines relacionados.